Una cosa es legislar y otra muy distinta construir. Y en esa discrepancia habita el mercado inmobiliario navarro, que en los últimos 12 meses ha dado luz verde a la edificación de 2.081 nuevas viviendas, de las que apenas un 27,9% gozaba de algún tipo de protección pública. Una proporción que queda muy lejos de los objetivos del Gobierno de Navarra, que obliga a que un 50% de las viviendas de los nuevos planeamientos sea públicas.
Según los datos de Instituto de Estadística de Navarra (Nastat), los deseos del Ejecutivo foral están lejos de convertirse en una realidad. Y entre abril de 2023 y marzo de 2024, se iniciaron en la Comunidad Foral 581 viviendas de protección pública, de las que 332 (el 16% del total) eran viviendas de protección oficial, la modalidad más asequible de todas. Otras 249 eran VPT (viviendas de precio tasado) y el resto, (1.500) libres. La relación es incluso peor si se analizan los tres últimos años completos. Apenas un 26,5% de las viviendas iniciadas son públicas: unas 2.200.
Este ritmo, pese a ser uno de los más elevados de entre todas las comunidades, recuerdan desde el Gobierno de Navarra, resulta insuficiente para afrontar la alta demanda de vivienda asequible (más de 17.000 solicitantes) que muestran los listados públicos.
Y es la constatación de que las empresas promotoras y constructoras no desean trabajar con los bajos márgenes que ofrece actualmente la vivienda pública. Prefieren un menor grado de actividad, pero más rentable, como muestra el éxito de desarrollos libres, que han ido vendiéndose con regularidad a pesar del alza de unos precios que se encuentran en máximos de los últimos 15 años.
Las medidas adoptadas hasta el momento apenas han servido para reactivar la construcción de VPO, que entró en la UCI tras la crisis del 2008-2013, que se encuentra en mínimo históricos y que se ha enfrentado a resistencias y problemas. Uno de los más relevantes, y de los que menos se habla, es la escasez de la inversión pública, apenas supone el 0,3% del PIB. La vivienda no es, a la luz de estos números, una prioridad pública.
Por qué no se construye más
Inicialmente, el descenso de precios de la vivienda libre dejó sin sentido comercial la promoción de VPO, que solo se reactivó a finales de la pasada década conforme se restablecía una demanda solvente que se había evaporado entre el desempleo y la pérdida de poder adquisitivo de los más jóvenes.
El estallido de la pandemia cortó esa recuperación, al desatar una inflación que elevó el coste de los materiales y que se combinó con cierta escasez de mano de obra. Y ni la obligación de que un 70% de la vivienda de los nuevos planeamientos fuera pública –rebajada posteriormente al 50%– sirvió para corregir esta tendencia. Solo la subida del precio del módulo permitió que en 2023 se reactivara la construcción, pero el inicio de 2024 no ha sido precisamente bueno, revelando que los problemas persisten.
El más grave tiene que ver, sobre todo, con la escasez de suelo finalista, a precios lo suficientemente reducidos como para que la construcción resulte rentable. Los constructores reclaman que este sea prácticamente gratuito y el Ejecutivo parece dispuesto a avanzar por ese camino a cambio de que la titularidad permanezca de manera indefinida en manos públicas. La apuesta por constituir una empresa mixta, que dé a los constructores una participación en el negocio, es la respuesta del actual departamento. Falta por ver sus plazos y su eficacia.
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