En los tiempos que corren rara es la disciplina o el ámbito que escapa a las garras del capitalismo. Hace tiempo que en nuestras sociedades cualquier cuestión debe ser medible y producir beneficios económicos, por muy humana que sea. De ahí surgió, a mediados del siglo pasado, el concepto de capital humano, basado en el estudio sociológico de Schultz y Becker. Es decir, sintetizando al máximo, medir a las personas según el beneficio que generan.
La educación es un exponente más de lo mencionado. El famoso informe PISA, por ejemplo, que parece ser el único parámetro por el que hoy en día se puede medir la salud de cada sistema educativo, lo elabora la OCDE, organismo totalmente economicista y neoliberal.
En lo laboral, también el sistema educativo está cada vez más organizado en base a parámetros empresariales. Los sistemas de gestión de calidad de los centros en los que el Departamento de Educación ha basado todas sus actuaciones en las últimas décadas, importados directamente del mundo empresarial, hacen que la labor del docente se parezca cada vez más a la de un registrador de acontecimientos. Se debe recoger todo lo que ocurre, anotar lo que hipotéticamente se va a llevar a cabo (programaciones), cumplimentar continuamente informes de solicitud de recursos, pero sin tiempo para lo que realmente nació su profesión; educar con atención y paciencia a su alumnado.
Otro tentáculo del capitalismo lo encontramos en la meritocracia, esa idea relacionada con la distribución de bienes y beneficios basada en el talento y esfuerzo individual, constituyendo un principio que legitima la distribución desigual de los recursos. En las reuniones mantenidas por los sindicatos con el Departamento de Educación de Navarra, tras años reivindicando la recuperación del poder adquisitivo perdido (entre un 15% y un 20%, dependiendo de quien haga el cálculo), la única propuesta que nos trajo a la mesa de negociación sectorial de Educación, fue entrar a analizar una posible “evaluación del desempeño docente”, como parte de una carrera profesional del profesorado, ligada a una posible mejora salarial. Es decir, aunque todo el colectivo haya sufrido esa pérdida de poder adquisitivo, únicamente aquellas personas que reciban una valoración positiva de su labor docente podrían recuperar una parte y siempre según el criterio del evaluador. ¿Quién lo evaluaría? ¿En base a qué criterios? Meritocracia pura y dura, que pudiera fácilmente convertirse en clientelismo o intercambio de favores.
En enero de 2022, cuando el consejero Gimeno hablaba de la conveniencia de abrir el debate sobre las ratios en educación, hablaba de conceptos como que “debe abrirse un debate que no se circunscriba únicamente a la ratio alumnos/grupo, sino que potencie la innovación y el cambio educativo, una mejora de la equidad y el desarrollo de la profesionalidad docente”, que “Será bueno centrar el debate de las ratios en coordenadas de calidad pedagógica y de estímulo transformador para los centros, detrayéndolo del debate laboral en el que ahora se sitúa” o que “se plantea regular y hacer operativas las siguientes nuevas ratios: ratio de alumnos/profesores en formación permanente, ratio de alumnos/profesores que forman parte de redes de profesorado…”. La propuesta es clara, utilizar la bajada de ratios como premio al “buen hacer” o “implicación” del profesorado. Totalmente perverso.
Aunque en algunos foros ciertos responsables de Educación han intentado rebatir que la bajada de ratios sea beneficiosa per se, es un engaño evidente ya que el propio departamento es una de las primeras medidas que aplica en aquellos centros que tienen mayor necesidad o diversidad de alumnado, puesto que saben que es una medida efectiva y directa. Lo es para esos centros y también para el resto. Desde nuestro punto de vista, sería mucho más apropiado que el propio sistema estuviera ya preparado para atender a todas las necesidades (principio de inclusión), con una bajada de ratio general y no parchear las medidas según las necesidades (principio de integración), aunque puedan tomarse medidas adicionales para atender a éstas.
No obstante, como señalamos anteriormente, se pretende utilizar la reducción de ratios como si fuera un premio al esfuerzo. Esto denota, a nuestro entender, la percepción que los propios gestores educativos tienen de su plantilla. A sus ojos, no nos esforzamos lo suficiente. En vez de prestigiar al profesorado frente a esas voces de crítica despectiva hacia nuestra labor que existen en la sociedad, alimentan esas posturas, convirtiéndose en bomberos que en vez de mangueras utilizan lanzallamas.
Como colofón a todo este despropósito, se ha introducido un nuevo elemento en esta campaña de desprestigio. El departamento presentó a los sindicatos los porcentajes de bajas médicas alertado por alguna de las cifras. Preocuparse por los datos de absentismo de un sector para trabajar en la prevención de la salud laboral es algo positivo y reseñable. Pero esta información se filtró a un medio de comunicación que concatenó deliberadamente la noticia de las bajas con la de las oposiciones de junio, dejando entrever que dichas bajas podrían estar relacionadas con la preparación de esas pruebas. Sin duda alguna, una manera tendenciosa de organizar la información para sembrar una sombra de sospecha sobre el colectivo.
Compañeras, compañeros, nos han dejado solos, pero somos muchas. Ha llegado la hora de levantarnos.
ELA-Educación
