"Una de las medidas de Sánchez para la regeneración democrática debería ser la derogación de la Ley de Secretos Oficiales"

El tema, de actualidad permanente, ha vuelto con fuerza estos días. El Gobierno foral, en un paso histórico, ha reconocido a las doce primeras víctimas navarras de violencia ultra y policial.

Entre ellas Mikel Zabalza y Mikel Arregi, ambos muertos a manos de la Guardia Civil. El Gobierno enmendará con un acto público a finales de mes el sorprendente mutismo con el que hizo el anuncio hace dos semanas.

El Gobierno de Navarra ha reconocido a las primeras víctimas de violencia ultra y policial.

–Fue un día histórico, nunca antes había ocurrido algo así. Es más, había habido muchas trabas por parte de la derecha y la ultraderecha para que no se les reconociera.

¿Se acordó de todas las vueltas que ha dado esta ley desde 2015? Usted lleva en el cargo desde entonces.

–A nivel institucional hemos llegado tardísimo. Hasta 2015 no hubo voluntad, y una vez hubo compromiso político empezaron las trabas, muchas, por parte de la derecha y la ultraderecha, que con sus recursos ante el Constitucional quisieron evitar reconocer a estas víctimas.

El anuncio se hizo por una nota de prensa anónima. ¿Por qué? 

–Que no hubiera nombres respondía a seguir el mismo protocolo que con otras víctimas. Siempre digo que el reconocimiento es doble: a la víctima y sus familiares por un lado, y luego el plano colectivo. En ese sentido, en breve haremos un acto público. Y habrá más. Todas las víctimas van a ser tratadas igual.

¿Va a haber más de un acto? 

–Sí. Habrá uno a finales de mayo y otro a finales de año, que coincidirá con la publicación de la memoria anual.

¿Que fuera anónimo obedeció a alguna recomendación jurídica? 

–Tenemos que cumplir con la ley de Protección de Datos, con la que hay que ser especialmente cuidadosos. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas, pero también tienen derecho a no compartir esa exposición pública.

El Gobierno Vasco sí reconoció a Mikel Zabalza con nombre y apellidos. ¿No existía margen aquí para hacer lo mismo? 

–Los primeros reconocimientos generaban cierta expectativa y pensamos que quizá era mejor hacer una nota. ¿Que podría haberse hecho de otra forma? Pues sí. Pero lo que ahí medimos fue que lo importante era dar el paso, aunque no aparecieran los nombres. Con todas ellas haremos un acto público.

¿Va a haber más reconocimientos? 

–Hay unos 60 expedientes en manos de la comisión y el plazo de solicitud sigue abierto. De aquí a final de año habrá más reconocimientos.

Algunas víctimas han tenido reparaciones económicas. ¿Todas van a estar cubiertas? El Gobierno ha consignado casi un millón para este año.

–Al margen de que la cifra supere el dinero consignado, todo aquel que tenga derecho a reparación será reparado. Son partidas ampliables.

Una cosa son las reparaciones, ¿pero el debe sigue siendo que muchas víctimas siguen sin poder saber qué ocurrió con sus casos?

–Las familias nos han transmitido ese agradecimiento, pero es cierto que de todos los objetivos, el del derecho a la justicia es el que más cuesta. Insisto en que venimos de un abandono total hasta 2015. No es la ley que nos hubiera gustado, no tiene los compromisos con las víctimas que debemos como sociedad, pero supone un avance.

¿Hay alguna forma de llegar a las víctimas no satisfechas? Pienso, por ejemplo, en la familia de Germán Rodríguez. 

–A mí lo que me transmiten las víctimas, con las que me estoy viendo estos días para entregarles en mano los informes, es que las reparaciones crean un clima de confianza. Sienten que esto va en serio. Aunque sea de forma parcial, sienten que hay un compromiso por parte del Gobierno.

Tras el reconocimiento en Navarra, ¿llegará el del Gobierno de España? 

–Me uno a la moción que el propio Parlamento, con el apoyo de los grupos de gobierno, ha aprobado este sentido para que el Gobierno de España de pasos en el reconocimiento y reparación de estas víctimas. Sin duda, dentro de las medidas de regeneración democrática que a mi juicio debe plantear el Gobierno de Sánchez está la modificación de algunas leyes. Entre ellas la Ley de Secretos Oficiales, que en el caso de Mikel Zabalza ayudaría a ejercer el derecho a la justicia, además del reconocimiento y la reparación.

El Estado no ha querido asumir que estas víctimas existen. 

–Navarra y la CAV hemos sido pioneras. La ley de Memoria Democrática puede ser un buen escenario para avanzar.

¿Por qué el Estado tiene tantas reticencias? 

–Estas son políticas lentas. Requieren una sociedad madura. La navarra lo es, pese a todo el ruido que hay. Lo avalan los gobiernos de coalición y los nueve Presupuestos desde 2015.

¿Este tema genera incomodidad con el PSN? 

–Digamos que cuesta. Hasta 2015 no se plantea una ley de este tipo. Pero voy a lo positivo: desde entonces se están dando pasos importantes. Me quedo con eso.

Últimamente se ha avivado la polémica sobre Los Caídos. ¿Qué papel debe tener el Gobierno en este debate? ¿Cuál es su posicionamiento?

–En primer lugar quiero decir que esta consejera respeta y valora el trabajo de las asociaciones memorialistas. Lo he dicho y lo repito. Los Caídos es el edificio de exaltación franquista más vergonzoso que hay en Navarra. No está resignificado. Por eso, el Gobierno colaborará con el Ayuntamiento, responsable último de las actuaciones que allí se hagan, en impulsar el proyecto que más consenso político y social tenga. Tenemos una oportunidad esta legislatura pero también lo digo, el actual debate, derribo o resignificación, debe rodearse de seguridad jurídica, aspecto en el que ya estamos trabajando.

Es un buen momento para reivindicar las políticas de convivencia, desde luego... 

–No sé en qué medidas piensa Sánchez, pero tanto desde Geroa Bai, como desde Geroa Solcialverdes como desde el propio Gobierno, compartimos la necesidad de caminar hacia la regeneración democrática. Navarra no está al margen del reñidero político, pero somos muchos los que remamos a favor de una convivencia mejor en una sociedad diversa y plural.

¿Hay una corriente general de polarización? 

–Es algo a nivel mundial y europeo. Ahora van a abrir un expediente a Meta, por ejemplo, por no combatir con toda diligencia los bulos. Yo creo que la sociedad lo que nos reclama es avanzar en medidas en positivo, no en el reñidero.

Siempre ha habido campañas y bulos.

– Esto no es nuevo, lo pensaba estos días. En 2015, aquel Gobierno del cambio liderado por Uxue Barkos propició una ola de bulos tremenda. Al mes de ponernos en marcha salió una página web, me niego a llamarlo medio de comunicación, cuyos titulares eran todos mentira. También sobre el euskera. Era una estrategia de la derecha para ir contra el cambio.

¿Se ha dado cuenta ahora Pedro Sánchez de que hay muchos que llevan años soportando esto? 

–Todos tenemos nuestra parte de responsabilidad, pero es la hora de parar. Propongo, además, que lo hagamos siguiendo nuestra agenda navarra, con nuestra estabilidad frente a la inestabilidad del Estado. Tenemos que trabajar en políticas de convivencia, en reconocer la diversidad, en la riqueza de la diversidad cultural, racial, de género, religiosa...

Las elecciones europeas se juegan en ese terreno. ¿Cómo ve las elecciones usted que es la consejera de asuntos europeos?

–Hay una inquietud con respecto a que la ultraderecha ascienda. Está formada por partidos que rechazan el respeto a los derechos humanos, proponen sociedades poco democráticas. Eso sí, percibo un convencimiento de que la sociedad va a valorar la Europa como espacio garante de Derechos Humanos.

¿Aquí la polarización también se nota más?

–Ha habido una degradación. Lo que ayer se dijo ya se ha olvidado, todo va muy rápido. Hay líderes de opinión que hablan desde Youtube, algo que no había pasado nunca, y hay que hacer una reflexión sobre la comunicación, sobre la veracidad. Ya no hablamos de bulos, sino de campañas organizadas.

¿Qué medidas deben acometerse? 

–Habría que desbloquear el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Antes he hablado de la Ley de Secretos Oficiales. Ahora pienso en la ley mordaza, que no responde a la regeneración democrática que pedimos. No lo tengo tan claro en el tema de los medios, los bulos y tal. Cuidado, porque la libertad de expresión es incuestionable.

La frontera es muy fina. 

–Lo primero que hacen los regímenes fascistas o dictatoriales es intervenir los medios. No es fácil cuando se habla de una ley de prensa. Ya hay leyes que regulan la publicidad institucional. Pero todo este boom de las redes nos ha pillado fuera de juego, sí.

¿Cree que la gente puede hartarse de esta política?

–Tengo la sensación de que lo que se habla en los grupos de amigos es: ya vale. Ya vale de que solo haya riñas, de que solo sean zascas. Tenemos que hacer política en positivo. Los escraches a la presidenta son injustificables. El día que aprobamos el Presupuesto con más dinero es el día en el que se dio un conflicto aquí que nos impidió incluso salir por la puerta.

Los cinco días de Sánchez, el hecho de que no haya Presupuestos... ¿vamos hacia una legislatura estatal muy inestable? 

–La inestabilidad rodea la política del Gobierno de España. Nos ocurrió también en el Gobierno del cambio, donde vivimos dos generales y un Gobierno de interinidad en Madrid. Navarra, por contra, ha sido más estable.

¿Influye que no haya Presupuestos Generales? 

–Siempre influye, además en políticas muy concretas. Desde 2015 aquí, hemos vivido inestabilidades varias.

Ha mencionado la ‘agenda Navarra’. ¿Qué es? 

–Hablamos de transparencia institucional, de combatir los discursos de odio, del segundo plan de convivencia....

Estamos a las puertas de otro homenaje en recuerdo de la masacre de Montejurra. El Partido Carlista reclama que se declare el monolito como lugar de memoria. 

–La designación como lugar de memoria del monolito es algo en lo que ya trabaja la comisión técnica de Memoria Histórica. Es cierto que la moción aprobada por el Parlamento hablaba también de hacer un acto de reparación a favor del partido, pero la ley contempla actos a personas, no a partidos.